Por: Albert E. López.
"Lo que lamentan los vecinos de quien ejecuta las represalias sea el administrador de la finca, dado a que es alguien conocido de ellos".
Hace unos días veía en las imágenes de un canal de noticias (de Mazatenango), como una niña de aproximadamente 10 años lloraba al recordar que las instalaciones de su escuela habían sido demolidas y los maestros trasladados a otros centros educativos. Estas acciones se dieron tras la decisión del finquero, quien resolvió sacar la casa de estudio de su terreno.
El problema no se deriva de los últimos días, es un caso que se inició desde finales del año pasado, cuando un grupo de trabajadores decidieron organizarse para solicitar mejoras laborales y ha sido este el detonante para que el propietario de la finca Santa Cecilia, San Francisco Zapotitlán, Suchitepéquez, tomara tan descabellada decisión.
Usted se preguntará, si la escuela estaba bajo la tutela del Ministerio de Educación o bajo la responsabilidad del finquero. Resulta que la escuela está bajo la responsabilidad del Mineduc, pero fue construida en terrenos de la finca Santa Cecilia. Se entiende que para que el estado construya y asigne maestros presupuestados, tiene que tener potestad del terreno.
Ante esta aberrante decisión del propietario de la finca Sta. Cecilia, las autoridades educativas departamentales poco hicieron o han hecho por la educación de varios niños/as del lugar. Lo difícil es que la escuela cercana les queda a varios kilómetros de sus casas, mientras el ciclo lectivo sigue su curso estos menores podrían perder un año sin recibir el pan del saber.
La represalia no se ha quedado ahí (escuela), a los padres de familia se les ha negado el paso por terrenos del inmueble, han sido despedidos e intimidados por reclamar sus derechos como trabajadores de varios años en la finca, en donde un día dejaron varios abriles de su existencia y fuerza laboral.
Lo que lamentan los vecinos de quien ejecuta las represalias sea el administrador de la finca, dado a que es alguien conocido de ellos y además no entienden como el señalado este a favor de acciones que van en detrimento de los comunitarios y cuando los vecinos desean hablar con el administrador este huya de los pobladores.
La lucha de ex trabajadores de la finca Santa Cecilia continua, y para ello han estado tocando las puertas de varias instituciones no gubernamentales, donde han planteado el problema laboral y educativo que viven varias familias.
Esta situación ya es del conocimiento del gobierno de turno, pero como siempre se hacen los desentendidos, mientras vemos al presidente de la república pregonando una mejor educación para los guatemaltecos, en la práctica, la realidad es otra.
Los niño/as de la escuela de finca Sta. Cecilia, están siendo vedados de un derecho constitucional al no dar prioridad a la educación de los pequeños y que decir de los padres de familia que han sido violentados sus garantías constituidas en los artículos 101 y 102 inciso Q. de la Constitución Política de la República de Guatemala.
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