Por: Albert E. López.
"La implementación del Estado de Sitio, no es más que vedar los derechos constitucionales de la población en resistencia, es militarizar la problemática".
El estado de Sitio establecido por el gobierno de Otto Pérez Molina en los departamentos de Jalapa y Santa Rosa, deja clara la postura de un régimen que defiende los intereses de transnacionales y a un modelo extractivista. Incluso ya por ley está establecido que el porcentaje de regalías que dejan al país es menor a las ganancias obtenidas por las mineras.
Ante esta situación los hermanos Xincas están defendiendo los bosques con que cuentan en el área y el gobierno en lugar de apostar e invertir en la protección y conservación de los recursos naturales, reprime a la población.
La implementación del estado de Sitio, no es más que vedar los derechos constitucionales de la población en resistencia, es militarizar la problemática. Problemática que el gobierno mismo ha propiciado, dado al no querer escuchar el clamor de la población que en la mayoría de Consultas Populares ha dicho no a los proyectos mineros.
Justo cuando se cumple un año de los incidentes en Santa Cruz Barillas Huehuetenango (Hidro Santa Cruz, también identificada como Ecoener e Hidralia), la historia es casi la misma un Estado-Gobierno a favor de interés transnacionales y una población que es castigada y criminalizada por estar en contra de proyectos que al final no ayudan al modelo de desarrollo de las comunidades campesinas.
La implementación del estado de Sitio, no es más que vedar los derechos constitucionales de la población en resistencia, es militarizar la problemática. Problemática que el gobierno mismo ha propiciado, dado al no querer escuchar el clamor de la población que en la mayoría de Consultas Populares ha dicho no a los proyectos mineros.
Justo cuando se cumple un año de los incidentes en Santa Cruz Barillas Huehuetenango (Hidro Santa Cruz, también identificada como Ecoener e Hidralia), la historia es casi la misma un Estado-Gobierno a favor de interés transnacionales y una población que es castigada y criminalizada por estar en contra de proyectos que al final no ayudan al modelo de desarrollo de las comunidades campesinas.
Guatemala no necesita proyectos mineros para mejor la vida de las comunidades, en lugar de apostar a fomentar centros turísticos donde el beneficio sería comunitario y se aprovecharía para mantener mantos acuíferos además de cuidar la flora y la fauna de nuestra escaza zona boscosa o montañosa.
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