Se reconoce universalmente que la salud depende de muchos factores que se encuentran relacionados directa o indirectamente, con cuestiones ambientales, culturales, condiciones del trabajo, la educación y la alimentación. La Constitución Política de la República de Guatemala reconoce la salud como un bien público y un derecho fundamental del ser humano, sin ninguna discriminación y define la obligación del Estado para velar por la salud de todos los habitantes.
Por la misma Constitución, el Estado debe controlar la calidad de los productos alimenticios, farmacéuticos, químicos y de todos aquellos que puedan afectar la salud y bienestar de los habitantes. También debe velar por el establecimiento y programación de la atención primaria de la salud, y por el mejoramiento de las condiciones de saneamiento ambiental básico de las comunidades menos protegidas.
Con el objetivo de garantizar la salud de los habitantes, debe mantenerse el equilibrio ecológico y evitarse la contaminación del ambiente. El ordenamiento jurídico también reconoce la necesidad y el derecho de las comunidades a participar en la planificación, ejecución y evaluación de los programas de salud. Las condiciones de salud para los guatemaltecos y guatemaltecas están en una situación con deficiencias fundamentales, las que conforman uno de los cuadros más críticos de América Latina.
Las causas principales de esa situación están referidas tanto a los factores económicos y sociodemográficos que determinan las condiciones básicas (nutrición, sanidad habitacional, educación), como a las deficiencias del propio sistema de salud guatemalteco. En el caso específico de la mujer existe todavía el riesgo agregado que procede del mantenimiento de una elevada fecundidad.
En los últimos años el estado de salud de Guatemala; ha sufrido una transformación, aunque ha modificado en alguna medida las condiciones de salud, no lo ha hecho en la dimensión que podía esperarse de un crecimiento económico tan acelerado. Esta lentitud en el cambio de las condiciones sanitarias está asociada asimismo a la composición sociodemográfica del país.
En efecto, un país que inicia su transición demográfica, manteniendo una población muy joven, de pronto emparejamiento y alta tasa de fecundidad, presentará más demandas sanitarias de naturaleza materno-infantil, que otro que haya avanzado notablemente en su transición demográfica, el cual tendrá progresivamente más necesidades referidas a la población adulta y la tercera edad.
Esos cambios tienden a determinar el cuadro epidemiológico nacional. Pero el ritmo de mejoramiento de la situación de salud también depende de la eficacia del sistema sanitario. En Guatemala mejoró en estas últimas décadas el sistema de control de los factores vitales fundamentales, nacimientos y muertes, lo que hace que una proporción alta de defunciones se registre adecuadamente, estableciéndose la causa correspondiente. Pero la cobertura de los servicios de salud no avanzó en una medida mínimamente semejante. Una idea de esa falta de cobertura de tales servicios se desprende, en cuanto a la salud de las mujeres.
La crisis socioeconómica de los años ochenta frenó el desarrollo del sistema de salud, estrechando sus recursos y empeorando sus servicios. Especialmente durante la primera mitad de esa década, los recortes presupuestarios afectaron el conjunto del sistema público. Este, junto al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, las municipalidades y las unidades dependientes de las Facultades de Medicina de la Universidad de San Carlos, componen dicho sistema público.
El deterioro de esos servicios provocó el surgimiento de diversas organizaciones asistenciales, redes de ayuda mutua y otras iniciativas sociales, la mayoría de las cuales se relacionaba con las entidades privadas. Convirtiendo a la salud de calidad en un privilegio que muy pocas personas pueden pagar en nuestro país. Además como es posible que el Estado de Guatemala no logré brindar servicios básicos de salud a los pobladores. Con tantos recursos pero mal administrados.
“Las Normativas de Atención en salud desde la Salud Internacional”. En Guatemala actualmente existe falta de integración en la regulación de la atención en salud, debido a la normatización vertical de programas de salud; es necesario normar con un enfoque integral y brindar una atención diferenciada.
El perfil epidemiológico del país se encuentra polarizado encontrándose enfermedades infecto contagiosas, pero también altas tasas de muerte materna e infantil, existiendo grandes brechas entre los ricos y pobres, así como entre las áreas rurales y urbanas, y entre población indígena y no indígena. El problema viene desde décadas atrás.
Los desafíos a tener en cuenta es desarrollar, fortalecer e implementar el proceso de Normalización Integral en los diferentes niveles de atención, que unifiquen programas afines por ciclos de vida, para que sean la base de los proveedores de los servicios de salud para fortalecer la promoción de la salud, prevención, curación y rehabilitación.
La atención integral en salud representa un reto para el Ministerio de Salud Pública de Guatemala, por las características de las y los proveedores de salud, principalmente en el primero y segundo nivel de atención, donde son poli funcionales, no disponen de los especialistas necesarios, por lo que es fundamental fortalecer el recurso humano con estándares básicos de calidad que hagan posible el abordaje integral y diferenciado, a la vez que adquieran habilidades para articular con otros sectores.
Es importante dar seguimiento a la situación e impacto de las normativas, debido a que son la orientación en los diferentes niveles de atención, y poder reorientar las normativas de atención en salud para contribuir a lograr los objetivos propuestos, en el marco de la Atención Primaria de Salud.
Como ciudadanos es humillante la situación en el sistema de salud guatemalteco, porque los planes y normativas siguen siendo eso simplemente propuesta. Sin voluntad política para mejorarla, dadas las circunstancias que no existe un consenso y línea de ejecución para el mismo. Si a cada cuatro años las políticas de salud varían según la conveniencia de los gobernantes. Limitando de esta manera el desarrollo integral de todo ciudadano, restando posibilidades de acceder a una salud de calidad.
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