El
20.5% de la población guatemalteca (alrededor de 2.5 millones de personas) no
tiene acceso a algún tipo de servicio de salud; la calidad y capacidad para
resolver problemas con que cuentan actualmente los servicios públicos son
limitadas. Además, el sistema de
provisión de servicios es altamente fragmentado y segmentado, y no existen enlaces
funcionales ni separación de funciones entre los diferentes subsistemas. Lo anterior es factor causal y limitante de
la débil rectoría que ejerce el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
(MSPAS).
Las
principales causas de muerte en Guatemala siguen siendo las enfermedades
curables y transmisibles, tales como diarrea, neumonía, cólera, desnutrición y
tuberculosis. Mientras la incidencia del cólera y el dengue ha disminuido
rápidamente en los últimos cinco años, ha habido un aumento significativo en
las infecciones respiratorias agudas. Como consecuencia de los cambios
graduales en la estructura demográfica de la población, y las variaciones en
los hábitos y los estilos de vida de
los grupos sociales, las enfermedades que afectan a la población adulta y
adulta mayor adquieren creciente importancia. Destacan las enfermedades
crónicas y degenerativas tales como diabetes, obesidad, hipertensión y cáncer
así como la gama de problemas derivados
de las distintas formas de violencia: homicidios, violaciones, accidentes,
suicidios, afecciones psicosociales.
Mejorar
la salud y la calidad de vida de los más pobres es en sí mismo un indicador de
desarrollo de una sociedad. Por un lado, una población sana estará en mejores
condiciones de realizar tareas productivas, lo que se traducirá en mayor
desarrollo para el país. Una población sana también podrá participar más activa
y positivamente en el desarrollo social nacional, comunitario y familiar.
Por
otro lado, la relación entre estado de
salud y desarrollo económico es en ambas direcciones: una población más sana e
incluyente contribuye mejor al desarrollo económico de su país, mientras que un
mayor desarrollo económico generará mejores condiciones de vida y más
disponibilidad de servicios, todos tendientes a aumentar el estado de salud.
Los problemas
relacionados con la situación de la vivienda en la ciudad de Guatemala presentan
dos situaciones: el déficit de viviendas y la calidad de las mismas. En 1995 se
llegó a estimar que el déficit en el área metropolitana era de 195,000
unidades, mientras que el crecimiento anual de nuevas viviendas estaba en
8,000.
Lo
anterior nos dice que: la buena salud de un país depende no solo de que se
cuente con servicios prontos y gratuitos de salud, sino también de la forma en
que viven y se desarrollan sus habitantes, su situación económica y social,
entre otras cosas.
Sobre
pobreza, la mayor parte de los datos se han generado por medio de estudios socioeconómicos
en áreas urbano marginales. 250,000 habitantes del área metropolitana de la
ciudad de Guatemala vivían en condiciones económicas altamente precarias
(COINAP-UNICEF, 1997). La población indígena es la que más sufre la pobreza y
constituye el 63.2% de la población pobre.
La
esperanza de vida promedio al nacer es de 67.4 años, siendo más alta para las mujeres
(70) que para los hombres (64.9).
En
salud existen problemas de calidad, de paridad de género y de pertinencia del contenido
de los servicios que se suministran a la población. También entre el área urbana
y rural. En la primera, los habitantes tienen acceso a opciones tecnológicas y de
personal mejor calificado en tanto que en la segunda, la población pobre sólo tiene
acceso a “servicios básicos” y se estima que hasta un 20% no tiene ningún acceso
a algún tipo de servicio de salud.
Otra
de las deficiencias es la relacionada con la atención necesaria a las características
culturales, de género y territoriales del país, sobre todo éste último. Por
otro lado, no se ha incorporado los conocimientos, experiencias y prácticas de
las poblaciones indígenas.
El
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS- como rector de la salud
y en cumplimiento de su mandato constitucional de conducción, regulación y
vigilancia de la salud, planteó en el año 1996, la política de salud “Aumento
de la Cobertura y Mejoramiento de la Calidad de Atención de los Servicios
básicos de Salud, con énfasis en la Prevención y Control de los problemas
prioritarios”.
Sin
embargo, el sistema de salud no tiene aún la capacidad para asegurar un acceso universal,
por lo menos en servicios básicos, a la población en general. La cobertura de
los servicios de salud alcanzó sólo un 54.5% de la población total y sólo un
25% de las personas en el área rural, tuvieron acceso.
A
tal extremo han llegado las condiciones precarias de los establecimientos de
salud, especialmente los hospitales, que los médicos de los hospitales generales
han estado manifestando sus protestas, por no contar con medicamentos ni con el
equipo mínimo para atender a los pacientes.
Es
frecuente observar que los servicios de salud no tienen suficientes
medicamentos, ni equipo y tampoco personal para garantizar la entrega de
servicios que necesita la población.
Adicionalmente,
existen constantes denuncias de maltrato a los ciudadanos, especialmente en
áreas rurales. Hay también denuncias que en algunos establecimientos de salud,
los médicos envían a los pacientes a sus clínicas privadas. En el caso del
Médico Ambulatorio y el Facilitador Institucional, estos llegan una vez al mes
a vacunar, pesar niños y hacer control prenatal solamente y no dan atención cuando
hay emergencias.
Tal
y como se sabe las leyes en Guatemala garantizan el derecho a la salud, por lo
tanto, la situación de falta de servicios que se vive en las comunidades
rurales es una violación a la ley.
También
se debe tener claro que los trabajadores de salud que prestan servicios en puestos
de salud, centros de salud y comunidades no son los responsables de esta situación.
La mayoría de ellos quieren apoyar a las comunidades pero no reciben los
recursos que necesitan por parte del gobierno central y a veces tampoco de las municipalidades.
Por ello, las comunidades y los trabajadores de salud deben trabajar en
conjunto para hacer que se cumpla la ley y se entreguen los recursos necesarios
para que los servicios de salud lleguen a la población rural.
Las
comunidades pueden organizarse para demandar el derecho a la salud. Esto se
puede hacer a través de comisiones comunitarias de salud o comisión de salud
municipal. En caso no sea posible por falta de apoyo de las autoridades, las
propias comunidades pueden organizarse para formar un consejo ciudadano de salud. Las comunidades pueden
legalizarse en la municipalidad para solicitar apoyo de ellos o de otras
organizaciones que trabajan en derechos humanos.
Una
vez realizado esto, las comunidades pueden implementar actividades de auditoría
social y rendición de cuentas a los servicios de salud. Estas actividades de
participación ciudadana también están garantizadas por la Constitución Política
del país y por el Código de Salud.
Todo
lo expuesto, denota una innumerable cantidad de problemas que tiene el sistema
de salud en Guatemala. Pero si es verdad que se atraviesa por una situación
difícil en el tema de salud, la pregunta es ¿cómo ciudadano qué podemos hacer?
¿Debemos quejarnos de cómo se encuentra el sistema? O deberíamos ser parte
activa en la búsqueda de soluciones.
Debemos
exigir como ciudadanos que el gobierno cumpla con sus obligaciones
constituciones, nivelas las ejecuciones de sus proyectos. Brindarle al MSPAS
las herramientas que necesita para efectuar la labor que se le tiene encomendad.
Que los recursos económicos con los que debe contar ese ministerio no sea
disminuido, ya que es uno de los principales y a mi parecer importante. Y a su
vez que el MSPAS los utilice con eficiencia.
Que
el gobierno se preocupe por mejorar la infraestructura pública de la salud, que
sea equitativa, sin exclusión ni discriminaciones. Y sobre todo que los
recursos del Estado sean invertidos donde corresponde.
Quiénes
más que nosotros, el pueblo, para fiscalizar al gobierno.
